El desarrollo del sector inmobiliario y las recomendaciones de la OCDE

Escrito por Francisco Rocha

Tiempo de lectura: 4 minutos


De acuerdo con información publicada en destacados medios de comunicación chilenos recientemente, la inversión inmobiliaria prevista para el quinquenio 2016-2020 podría ubicarse en US$10.194 millones, el 74,7% de ésta, se orientará al desarrollo del subsector vivienda, con una la inversión estimada de US$ 7.620 millones para la ejecución de 172 proyectos, los cuales implican la construcción de 121.723 viviendas, entre casas y departamentos.

Al analizar la distribución regional de la inversión proyectada se observa que el 69,5% se concentra en la Región Metropolitana, donde se prevé la construcción de 78.626 viviendas. Al respecto, en el último informe Estadístico de Edificación de Obra Nueva aprobada e iniciada por los sectores privados y el público, publicado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en julio de este año fueron aprobados proyectos para la construcción de 8.379  nuevas viviendas en diferentes zonas del país, de las cuales  3.925 se ejecutarán en la Región Metropolitana.  

 

En general, la satisfacción de estas expectativas favorecería la consolidación del mercado inmobiliario y contribuiría a la mejora de la competitividad en el sector y al desarrollo urbanístico de territorio chileno. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadísticas indica que existe una tendencia a la reducción de la inversión inmobiliaria en los últimos años, con base en  la  disminución de permisos de edificación registrados para este año y el próximo.  

 

Esta tendencia pudiera sustentarse,  entre otros factores, en la expectativa generada por la publicación del informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, sobre la política regulatoria en Chile, en el cual se plantea la modernización de la política urbana y, más específicamente, la modernización de los procedimientos para el otorgamiento de los permisos de construcción con preeminencia en las medidas para la gestión de riesgos.   Como resultado inminente, se espera que a los tradicionales criterios básicos establecidos para la construcción de nuevas edificaciones para uso habitacional relacionados con la funcionalidad, la seguridad y la habitabilidad, se suman otros como la garantía de la accesibilidad para las personas con movilidad y comunicación reducidas, la eficiente utilización de los espacios, el acceso a modernos servicios de telecomunicación e información, así como el fomento de la eficiencia energética, el desarrollo de  innovaciones y la acogida de tecnologías urbanísticas verdes.  

 

Normas que garantizan la seguridad y la prevención  

En la actualidad, cada edificio que se construye debe satisfacer aspectos relacionados con la seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan daños que tengan su origen o afecten la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales o que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la infraestructura en general o de cualquiera de sus partes.  

En cuanto a las exigencias básicas de seguridad que deben cumplir los edificios modernos, se acogen normativas relacionadas con la seguridad para que su uso normal no implique riesgos de accidentes para sus ocupantes o visitantes. Existen regulaciones referentes a la seguridad estructural, como la prevención contra incendios, la eficiente utilización de los  espacios, la accesibilidad a las instalaciones y la habitabilidad.Asimismo, se deben satisfacer disposiciones relacionadas con la calidad, la  salubridad, la protección frente al ruido y el ahorro de energía.  

Todo proyecto relacionado con la construcción de un edificio en la actualidad, debe: garantizar la evacuación en caso de ocurrir incendios o cualquier desastre de origen natural o antrópico de forma que sus ocupantes puedan desalojar las instalaciones en condiciones seguras; limitar los efectos de accidentes o desastres al propio edificio para no afectar infraestructuras cercanas y facilitar la actuación de los equipos de extinción, atención primaria y rescate.  

 

Requisitos de habitabilidad  

Con respecto a los requisitos relativos a la habitabilidad, las instalaciones de los edificios deben satisfacer y promover condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se garantice la calidad de vida de sus habitantes en el ambiente interior y no deteriore el medio ambiente ubicado en el entorno inmediato, incluyendo la adecuada gestión de residuos o desechos sólidos, producto del desarrollo de las actividades cotidianas.  

De acuerdo con el informe de la OCDE, a las descritas normas generales para la construcción, deben agregarse otras que garantizan la seguridad y la prevención en función de satisfacer las necesidades de las comunidades, las condiciones geológicas y ambientales de las regiones y las exigencias de organismos nacionales e internacionales  en materia de sustentabilidad ambiental.  

En este contexto, las nuevas edificaciones deben poseer características arquitectónicas y estructurales que garanticen la protección contra el ruido para que no se ponga en peligro la salud de sus ocupantes y se contribuya con el desarrollo satisfactorio de sus actividades. También, se deben satisfacer requerimientos nacionales e internacionales relacionados con el ahorro energético y el aislamiento térmico como garantía para el uso racional de la energía y los recursos no renovables.  

Luego de analizar los resultados del informe de la OCDE, es lógico suponer que el sector inmobiliario está a la espera de las actuaciones gubernamentales relacionadas con la modernización de normas para la construcción, debido a las características geológicas del país y la consecuente propensión a la ocurrencia de desastres naturales.  

En este aspecto, ya se anuncia la iniciativa del Ministerio de Bienes Nacionales en torno a la actualización de la Cartografía de Riesgos, a través del IDE, con el propósito de aportar nuevos elementos para la ponderación de las características geológicas de la zona donde se desarrollarán los proyectos, a los funcionarios encargados de otorgar los permisos para la construcción de viviendas.  

Se prevé que este documento sea de uso público para coadyuvar en la toma de decisiones eficientes por parte de los profesionales involucrados en la construcción de infraestructuras destinadas a diversos usos, así como de los desarrolladores inmobiliarios y de la comunidad en general. De manera que, las personas que decidan realizar una inversión en bienes inmuebles valoren la ocurrencia de desastres naturales  como parte de los condicionantes de su inversión.        


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